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caras y gente

SUIZA: Balas frías, respuesta mundial a indígenas

Voces fuertes, oídos sordos

2ª parte

Genaro Bautista / AIPIN

E insisten en su demanda a los Estados el cese de amenazas de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, como la tierra y el agua, elementos esenciales necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la flora, la fauna y la vida de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Para ello reclaman la cancelación de proyectos de desarrollo en territorios indígenas como presas y centrales hidroeléctricas.

En su exposición subrayan que los Estados “no respetan los planes de vida de los pueblos indígenas ni los tienen en cuenta para la creación de políticas, concesiones y otros usos otorgados. Los planes de vida revelan la forma de desarrollo de un pueblo indígena y cómo se proyecta hacia el futuro de acuerdo con su visión del mundo”.

Capaj insiste en su acusación de que las transnacionales han decidido exterminar a los pueblos naturales y lo hacen de la mano del “Estado” la mayor transnacional del orbe, manejado por el FMI y el Banco Mundial, a través de “las empresas operadoras, quienes son los que baten el incensario del que los bendice”.

Pone el ejemplo de lo que denomina como “el peso del poder de las bancas, las petroleras, las telefónicas, empresas exportadoras, importadoras, textiles, ministerios, Ejército, hidroeléctricas, puertas giratorias, constructoras, comandos de organización, fondos buitres, en el caso de Sebastián Piñera a sangre y fuego contra el pueblo de Chile. Acompañado de un Ejército que gana las batallas contra su propio pueblo.

Capaj afirma en este foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que “nuestro destino no está al lado de los bancos ni transnacionales, nuestra forma de resistencia está en los de abajo contra los de arriba, como gente del pueblo, como naciones ancestrales; en la promoción del autodesarrollo que va más allá del marco jurídico de los Estados.

Lo sucedido en las entrañas del Ecuador nos rebela cómo los ojos del Estado se convierten en empresa de dominio colocando una soga en el cuello de los pueblos en nombre de la libertad económica y centralista. Son estos ojos de economía de mercado, y desde la “concepción” democrática, que invierte los papeles de subordinación desde las entrañas de un histórico modelo de dominio.

La preocupación de los pueblos indígenas fue retomada en el Informe de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a cargo del Relator Firas Hassan Jabbar de Iraq.

La 3ª Comisión adoptó medidas en relación con el tema en su 44ª sesión, celebrada el 7 de noviembre de 2019, entre las que resalta que la ONU debe reforzar la cooperación con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), habida cuenta de su papel fundamental en la región de América Latina y el Caribe en los procesos de diálogo y consulta entre los Estados y los pueblos indígenas.

Así muestra su simpatía hacia el FILAC en estos trabajos de consulta indígena.

En su 44ª sesión, celebrada el 7 de noviembre, la Comisión tuvo ante sí el proyecto de resolución “Derechos de los pueblos indígenas”, y reitera su llamado a las empresas transnacionales y otras empresas a respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños indígenas, y a eliminar las peores formas de trabajo infantil de sus operaciones.

El Foro de Naciones Unidas es el mayor encuentro anual del mundo sobre las empresas y los derechos humanos con más de 2.000 participantes entre representantes de gobiernos, empresas, grupos comunitarios y sociedad civil, despachos jurídicos, inversores, organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, grupos sindicales, universitarios y medios de comunicación.

Durante tres días, se dieron más de 60 debates sobre temas relacionados con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (el marco para “Proteger”, “Respetar” y “Remediar”).

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció el Foro en 2011 con el fin de servir como una plataforma global para "discutir las tendencias y desafíos en la aplicación de los Principios Rectores y promover el diálogo y la cooperación sobre cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos”.

José Aylwin del Observatorio Ciudadano de Chile, enumeró que la actividad de empresas en Abya Yala sigue teniendo profundos impactos adversos en derechos humanos.

La matriz extractivista, dice el especialista, de las economías – reflejada en sus exportaciones, más de la mitad de ellas de recursos naturales, impacta severamente los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas.

Ello, señala, explica la existencia de más de un centenar de conflictos socio ambientales por proyectos de inversión en Perú y Chile, y 900 en México.

Tal matriz, se ve reforzada con los acuerdos comerciales suscritos por los Estados, sin participación, y sin asegurar una adecuada protección de los derechos humanos.

A los acuerdos suscritos con EU y la Unión Europea (UE) se suman el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11), en que participan México, Perú y Chile, y los acuerdos comerciales con China (Costa Rica, Perú y Chile).

La ausencia de consulta previa, y del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de proyectos extractivos de grandes dimensiones incentivados por dichos acuerdos, sigue generando frustración, apunta.

Junto a ello, solo el 2018 más de 80 defensores y defensoras del derecho a la tierra han sido asesinados en la región, en muchos casos, por la defensa frente a actividades empresariales de acuerdo con Global Witness, 2018, declaró el representante del Observatorio Ciudadano de Chile.

Hasta ahora solo Colombia y Chile, han elaborado Planes de Acción Nacional (PAN) sobre Derechos Humanos y Empresas. Perú, México, Honduras y Argentina están en proceso de su desarrollo.

Para ello José Aylwin, estima necesario impulsar e implementar los PAN a través de procesos participativos con las comunidades afectadas y de manera transparente; que asuman de manera efectiva los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia; que establezcan la consulta y el CLPI y reconozcan en ellos sus obligaciones extraterritoriales en la materia; poner freno a la captura corporativa de los Estados; proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables de violaciones a sus derechos, poniendo término a la impunidad hasta ahora existente en estos casos, y dar protección efectiva a los derechos de pueblos originarios, afrodescendientes, incluyendo el derecho a la consulta y CLPI en el contexto de actividad empresarial.

El especialista chileno considera que se debe asegurar que los acuerdos comerciales que suscriban garanticen efectivamente los derechos humanos, a través de la inclusión de cláusulas específicas, y de la realización previa de evaluaciones de impacto en derechos humanos (EIDH) de dichos acuerdos; ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hasta ahora solo ratificado por cinco estados; Respaldar el Tratado Vinculante, un Tratado internacional sobre los deberes de las empresas de respetar los Derechos Humanos, con inclusión no solo de empresas transnacionales sino también de las empresas nacionales.

Como se comentó con antelación, el Foro anual de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos es la

plataforma global de evaluación e intercambio de lecciones aprendidas sobre los esfuerzos por que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos pasen del papel a la práctica.

Es el único espacio en el mundo, para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los grupos afectados y las organizaciones internacionales sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas en la prevención y el tratamiento de los impactos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas.

El primer foro se celebró en 2012. Atrae a más de 2,000 expertos, profesionales y líderes durante tres días de diálogo orientado a la acción y a la búsqueda de soluciones.

El foro está dirigido y presidido por el Grupo de trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, y organizado por su Secretaría en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).