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25.Ene.18

 
 
     
 

AIPIN/ Comisión de Asuntos Indígenas

 
 

Ficha Temática "Pueblos y comunidades indígenas":

 
     
 

La problemática

 
     
  Prejuicios, estigmas y actos de discriminación. Las políticas públicas. Avances.  
     
 

El Diario de Coahuila.

 
     

 

De los Pueblos Originarios

 

 

Conozcamos a nuestros pueblos originarios:

 

Los seris, Ernestina Ramírez Escobar

 

 

De las Lengua Originarias por Cristina de la Concha

 

 

 

 

 

 

 

REGIONES INDIAS. AIPIN/

Comisión de Asuntos Indígenas/ 5.Ene.18

 

Ficha Temática "Pueblos y comunidades indígenas"

Los datos duros Información sociodemográfica

El Diario de Coahuila

 

 

• De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, casi 25.7 millones de mexicanos (21.5% de la población nacional) se autoidentifican como indígenas. De ellos, 12.5 millones son hombres y 13.2 son mujeres (INEGI 2015).

• Según el INEGI (2015), la población que se considera indígena es particularmente abundante en Oaxaca y Yucatán, donde representa 65.7 y 65.4% del total, respectivamente. También tiene presencia sustancial en Campeche (44.5% de la población) y en Quintana Roo (44.4%).

• Sólo 27.6% de quienes se identifican como indígenas habla una lengua indígena. En total, 7.2 millones de habitantes (6.6% del total) hablan una de dichas lenguas—en uno de cada cuatro casos, el náhuatl (INEGI 2015).

• Una de cada diez personas hablantes de una lengua indígena no habla español (INEGI 2015).

• Más de 60% de quienes hablan alguna lengua indígena habita en localidades rurales (INEGI 2015).

• De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, entre los mexicanos de 6 a 14 años que hablan una lengua indígena, 92.7% asiste a la escuela (contra un promedio nacional 96.2%); el porcentaje varía ligeramente entre hombres (93.1%) y mujeres (92.3) (INEGI 2015).

 Sólo 44 de cada cien hablantes de una lengua indígena trabajaban o estaban buscando empleo en 2015 (frente a 50% a nivel nacional). Existe una brecha de género de 47.1 puntos porcentuales en el acceso al empleo, en contraste con una de 35 en el país (INEGI 2015).

• Entre quienes hablan una lengua indígena, 15% no cuenta con afiliación a servicios de salud (a nivel nacional, el porcentaje es 17.8%) (INEGI 2015).

• La escolaridad promedio de las y los hablantes de una lengua indígena es de 5.7 años, lo que equivale a una educación primaria inconclusa. El nivel es mayor entre hombres (6.2) que entre mujeres (5.1). A nivel nacional, la escolaridad es de 9.1 años (INEGI 2015).

• De acuerdo con CONEVAL (2017), casi ocho de cada diez personas que hablan una lengua indígena (77.6%) se encuentran en situación de pobreza, y la proporción en pobreza extrema es de más de un tercio (34.8%). El porcentaje de personas no hablantes de lengua indígena en pobreza extrema es de sólo 5.8%.

• De acuerdo con CONEVAL (2017), incluso si destinaran todo su dinero a la compra de alimentos, la mitad de las y los hablantes de lenguas indígenas (49.3%) no tendrían lo suficiente para una nutrición adecuada. Sólo 15% de quienes no hablan una lengua indígena está en esa situación.

• De acuerdo con un estudio publicado por CONAPRED y CEPAL, de los más de 28 mil jóvenes de entre 20 y 24 años que hablan una lengua indígena sin hablar español en el país, prácticamente ninguno ha logrado siquiera terminar la secundaria (Solís 2017).

 

Prejuicios, estigmas y actos de discriminación

La población indígena es objeto de múltiples prejuicios y estigmas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, casi una de cada cuatro personas estaría en contra de que en su casa viva alguien de una cultura distinta a la suya, mientras que una de cada diez afirma que las personas indígenas son pobres porque no trabajan (CONAPRED 2011). Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Indígenas (ENI) realizada por la UNAM, ocho de cada diez personas contratarían a una persona indígena para el trabajo en el hogar o para el sector de la construcción. Mientras tanto, la proporción se reduce a dos de cada tres si se trata de dentistas, abogados o abogadas (Gutiérrez y Valdés 2015). Quienes pertenecen a alguna comunidad indígena están conscientes de dichos prejuicios. De acuerdo con la ENADIS, la mayoría de estas personas considera conveniente no hacer explícita 

 

C. Las políticas públicas Avances

En 2015, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue la institución con mayor número de proyectos en favor de los derechos de este grupo poblacional. Entre otras acciones, generó un Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas que busca suplir la ley específica sobre la materia, y ha comenzado a revisar y adecuar reglas de operación y trámites asociados con sus programas para combatir la exclusión. Instituciones como la Secretaría de Salud han realizado algunos esfuerzos, como la elaboración de guías y señalamientos en algunas lenguas indígenas. Sin embargo, la mayor parte de los cambios necesarios a los programas y políticas del gobierno sigue pendiente. De acuerdo con Mauricio Merino (2015), de las 53 recomendaciones que el CIDE y CONAPRED formularon en torno a la discriminación hacia personas indígenas en el Reporte sobre la Discriminación 2012, sólo ocho han sido atendidas por los programas dedicados exclusivamente a dicha población

 

Desafíos

Los pueblos indígenas enfrentan problemas sustanciales de discriminación en el ejercicio de sus derechos. Una prioridad es combatir su exclusión generalizada en las políticas públicas. Los programas que atienden a estos habitantes excluyen, en promedio, a cerca de 90% de su población potencial (Merino 2015). Además, son considerablemente opacos: más de la mitad no cuenta con reglas de operación o con indicadores de resultados, con lo que monitorear sus avances es difícil y la probabilidad de que operen de forma ineficiente aumenta (Merino 2015). También es esencial atender las omisiones que obstaculizan la interacción entre comunidades indígenas y dependencias de gobierno. El acceso a la justicia, a servicios de salud y a información sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otros, está sujeto a que exista personal que hable alguna lengua indígena. De acuerdo con GIRE (2015), sólo 12 entidades federativas reportan contar con al menos dos intérpretes (en todo su territorio) capacitados para proveer consejería sobre métodos anticonceptivos en alguna lengua indígena.

La ubicación física de las dependencias de gobierno tiende a estar alejada de las zonas rurales, donde la mayor parte de los indígenas se concentra. Así, acudir a alguna instancia gubernamental representa costos de transporte y tiempo. Finalmente, la toma de decisiones que afectan a las comunidades indígenas omite en ocasiones un proceso de consulta previa, libre e informada donde se discutan sus alcances e implicaciones, como ha ocurrido con grandes proyectos de infraestructura que implican desplazamientos territoriales o la explotación de recursos naturales. Combatir la exclusión requiere aumentar de manera importante las capacidades institucionales y modificar sus procedimientos internos.

 

 

 
 

 

       

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