TRIFE: oportunidad histórica
(Diario Plaza Juárez, 09/jul/2012)
César Cruz
De acuerdo con Alianza Cívica, 21 por ciento de los votos emitidos en la elección del pasado 1 de julio están asociados con presión y coerción hacia los votantes. Se trata de un monitoreo ciudadano realizado con observadores electorales en 21 de las 32 entidades federativas del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Igualmente se aplicó una encuesta de percepción ciudadana, para la que se realizaron 3 mil 158 entrevistas, arrojando como resultado que en 30 por ciento de los sufragios emitidos hubo prácticas de compra y coerción de voto.
Conforme a la primera estimación, que podemos considerar menor valor del rango (21%), 10.3 millones de los sufragios emitidos a favor de alguno de los candidatos registrados en la elección presidencial serían producto de esta práctica. Otro dato importante es que la presión para votar a favor de un candidato o partido en el 71 por ciento de los casos fue a favor del PRI-PVEM, en el 17 por ciento a favor del PAN, en el 9 por ciento a favor del PRD, y en el 3 por ciento a favor de Nueva Alianza.
Es decir, del total de votos emitidos, en 7.3 millones la presión sería para favorecer a Enrique Peña Nieto, en 1.8 millones para favorecer a Josefina Vázquez Mota, en 0.9 millones para favorecer a Andrés Manuel López Obrador y en 0.3 millones para favorecer a Gabriel Quadri de la Torre. Es claro, por ende y atendiendo al resultado de la elección, que la presión ejercida sobre los votantes si influyó.
Están por otro lado las denuncias por el uso de dinero electrónico presuntamente para estos fines. Aún se realiza la investigación, pero puede presumirse que hay indicios suficientes para sostener que la compra y coacción de voto fue determinante. Se trata además de una práctica socorrida por todos los partidos que es necesario erradicar, pues vulnera diversos principios que sustentan toda democracia participativa. A mi jucio los más importantes son: libertad de sufragio, equidad de la contienda y legalidad del proceso.
La compra y coacción de voto también puede asociarse con el uso electoral de los programas sociales. Las denuncias son múltiples y se presentan en cada elección. En este caso se favorece a los partidos en el gobierno.
Dado lo anterior, en la calificación de la elección federal de este año, al máximo tribunal electoral de nuestro país se le presenta la oportunidad histórica para dar un nuevo rumbo a los procesos electorales en México. No únicamente para dar certidumbre a los resultados, sino también para legitimar a los gobiernos que resulten elegidos.
Lo deseable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adopte plenamente el papel que le toca desempeñar en toda elección, con independencia y vocación republicana. De la decisión que tomen sus integrantes depende el futuro de la vida democrática en México. El cambio, más que una oferta de campaña, es la transformación de la praxis pública, por lo que su mensaje hacia la ciudadanía y los partidos políticos ha de ser claro y contundente. Y si así no lo hicieren, que la Nación se lo demande.