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De a poquito,
el tema de despenalización del aborto en el Distrito Federal fue
tomando lugar preponderante en las tribunas públicas del país,
pasando de debate local a discusión nacional la pertinencia de las
iniciativas que sobre el particular han sido presentadas en el seno
de la asamblea legislativa de esa demarcación política. Y ni duda
cabe que se trata de un asunto sumamente controvertido, pero en el
que los grupos de interés en disputa parten de premisas distintas.
Por una lado,
está la concepción de que se trata de una cuestión de salud pública.
Así, debemos atender a que el aborto para evitar embarazos no
deseados se considera una práctica común, pero que, en tanto
clandestina, comúnmente se realiza en condiciones sanitarias
deficientes. Lo que redunda, a decir de los expertos, en alta
incidencia de mortalidad de mujeres, principalmente adolescentes.
Cabe acotar, empero, que no existen datos precisos sobre su
incidencia, ni sobre el perfil de las mujeres que lo practican.
Por otro lado,
tenemos a quienes adoptan la bandera de la ética y la moral. Y desde
luego que aquí la cosa se torna más compleja, aunque puede devenir
en maniquea porque no concierne al orden jurídico, sino al fuero
interno o al respeto humano. Bondad versus malicia. Dios o el
diablo. Instalada ahí la controversia, dejan de atenderse los
factores de la ecuación.
La actual
política de población en México se instauró en 1974 con la intención
de atemperar un patrón de elevado crecimiento demográfico. Uno de
los ejes de esta política ha sido, desde entonces, propiciar un
cambio cultural para modificar las costumbres reproductivas de la
población y así reducir el tamaño de las familias. Respetando el
derecho de las parejas para decidir de manera libre, responsable e
informada, el número y espaciamiento de los hijos.
A mi juicio,
las principales estrategias para lograr ese propósito fueron la
educación en población y la introducción de la tecnología
anticonceptiva disponible entonces. Estrategias que en su momento
tocaron áreas socioculturales sensibles a los ojos de los grupos de
interés conservadores, pero que coadyuvaron en gran medida a
prevenir embarazos no deseados, origen éstos de los abortos
inducidos en la clandestinidad.
Las distintas
iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal coinciden en la necesidad de establecer mecanismos de
difusión de información que no hagan del aborto un método
anticonceptivo más. Empero, dado que esa difusión de información se
ha instrumentado en México por más de tres décadas, estamos hablando
de serias deficiencias de la práctica pública en este campo.
De otro lado,
considerando la tecnología anticonceptiva disponible, el aborto
inducido para prevenir embarazos no deseados puede suponerse como
último recurso. Sin embargo, si atendemos a la limitada
disponibilidad de métodos anticonceptivos en el sector salud, el
aborto inducido puede convertirse en opción única, en especial en
los sectores más desprotegidos. Ni qué decir de los grupos sociales
que no tienen acceso a servicios médicos.
Por tanto,
puede concluirse que para prevenir embarazos no deseados y, por
ende, el aborto inducido, es necesario reforzar las estrategias de
política demográfica citadas anteriormente. Esto supone destinar más
recursos a los sectores educativo y de salud, a contracorriente de
la política neoliberal instrumentada en nuestro país desde
principios de los ochenta, pues imposible es separar las decisiones
personales del contexto social, económico y cultural en que ocurren. |
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