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Aborto y política de población

 
     
 

César Cruz

 
 

(Diario Plaza Juárez, 24/mar/2007)

 
     
 

De a poquito, el tema de despenalización del aborto en el Distrito Federal fue tomando lugar preponderante en las tribunas públicas del país, pasando de debate local a discusión nacional la pertinencia de las iniciativas que sobre el particular han sido presentadas en el seno de la asamblea legislativa de esa demarcación política. Y ni duda cabe que se trata de un asunto sumamente controvertido, pero en el que los grupos de interés en disputa parten de premisas distintas.

Por una lado, está la concepción de que se trata de una cuestión de salud pública. Así, debemos atender a que el aborto para evitar embarazos no deseados se considera una práctica común, pero que, en tanto clandestina, comúnmente se realiza en condiciones sanitarias deficientes. Lo que redunda, a decir de los expertos, en alta incidencia de mortalidad de mujeres, principalmente adolescentes. Cabe acotar, empero, que no existen datos precisos sobre su incidencia, ni sobre el perfil de las mujeres que lo practican.

Por otro lado, tenemos a quienes adoptan la bandera de la ética y la moral. Y desde luego que aquí la cosa se torna más compleja, aunque puede devenir en maniquea porque no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. Bondad versus malicia. Dios o el diablo. Instalada ahí la controversia, dejan de atenderse los factores de la ecuación.

La actual política de población en México se instauró en 1974 con la intención de atemperar un patrón de elevado crecimiento demográfico. Uno de los ejes de esta política ha sido, desde entonces, propiciar un cambio cultural para modificar las costumbres reproductivas de la población y así reducir el tamaño de las familias. Respetando el derecho de las parejas para decidir de manera libre, responsable e informada, el número y espaciamiento de los hijos.

A mi juicio, las principales estrategias para lograr ese propósito fueron la educación en población y la introducción de la tecnología anticonceptiva disponible entonces. Estrategias que en su momento tocaron áreas socioculturales sensibles a los ojos de los grupos de interés conservadores, pero que coadyuvaron en gran medida a prevenir embarazos no deseados, origen éstos de los abortos inducidos en la clandestinidad.

Las distintas iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal coinciden en la necesidad de establecer mecanismos de difusión de información que no hagan del aborto un método anticonceptivo más. Empero, dado que esa difusión de información se ha instrumentado en México por más de tres décadas, estamos hablando de serias deficiencias de la práctica pública en este campo.

De otro lado, considerando la tecnología anticonceptiva disponible, el aborto inducido para prevenir embarazos no deseados puede suponerse como último recurso. Sin embargo, si atendemos a la limitada disponibilidad de métodos anticonceptivos en el sector salud, el aborto inducido puede convertirse en opción única, en especial en los sectores más desprotegidos. Ni qué decir de los grupos sociales que no tienen acceso a servicios médicos.

Por tanto, puede concluirse que para prevenir embarazos no deseados y, por ende, el aborto inducido, es necesario reforzar las estrategias de política demográfica citadas anteriormente. Esto supone destinar más recursos a los sectores educativo y de salud, a contracorriente de la política neoliberal instrumentada en nuestro país desde principios de los ochenta, pues imposible es separar las decisiones personales del contexto social, económico y cultural en que ocurren.

 
     
     
     
   
 

Mujeres y pobreza, por César Cruz

 

 
     
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