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De los Pueblos Originarios

De las Lengua Originarias por Cristina de la Concha

SUIZA: Balas frías, respuesta mundial a indígenas

Voces fuertes, oídos sordos

1ª parte

Genaro Bautista / AIPIN

Ginebra. La comunidad internacional reconoce cada vez más los derechos de los pueblos indígenas después de varias décadas de promoción y negociación por parte de éstos en los procesos internacionales de toma de decisiones, afirma el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia.

El papel y la contribución de los pueblos indígenas en la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo social y económico también están ganando reconocimiento y apreciación en todo el mundo, manifiesta el grupo asiático.

De particular dicen para los derechos de los pueblos indígenas en contextos comerciales son sus derechos a las tierras, territorios y recursos garantizados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su Artículo 26 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido, y los Estados deben otorgar reconocimiento legal y protección a estas tierras, territorios y recursos.

Aunque para lograr su concreción, está todavía muy lejano, aceptan varias representaciones indígenas del mundo.

Lo anterior porque como respuesta mundial a la reivindicación de sus derechos contra empresas privadas, estatales o de organismos multilaterales solo han recibido balas frías.

Y si por ello los pueblos indígenas deben hacer escuchar voces fuertes, ante oídos sordos y la insensibilidad humana.

Esto porque son distintas las concepciones de desarrollo impulsadas desde los Estados, las empresas y las entidades multilaterales que atentan contra el Buen vivir de los pueblos indígenas, acusaron en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, Suiza del 24 al 27 de noviembre de 2019, representantes de los pueblos indígenas de las siete regiones geopolíticas, denunciaron que en el planeta persiste la continuidad de la agenda de despojo, violencia, criminalización, precarización y extractivismo.

Las delegaciones indígenas subrayaron que las formas de desarrollo occidental vulneran sistemáticamente sus derechos colectivos e individuales reconocidos en el Convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio sobre Diversidad Biológica, la jurisprudencia y convenciones internacionales en la materia.

Y esta falta de reconocimiento por parte de empresas y gobiernos propicia el incremento de la violencia en contra de defensores de la tierra y territorios, comunicadoras y voceras indígenas, estas últimas siendo criminalizadas y estigmatizadas como enemigas del desarrollo, deslegitimando su lucha.

De ahí que pidan que el informe final del Grupo de trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020, incorpore sus demandas incluyendo la implementación del derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado acorde con estándares internacionales a fin de garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas y a no permitir que las empresas suplanten el rol de los Estados en estos procesos.

En sus participaciones, revelaron los privilegios de los Estados hacia las empresas públicas y privadas en el acceso a los recursos naturales en los territorios indígenas, que atentan contra la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el agua. Estas prerrogativas, indicaron, se perpetúan por la militarización de los territorios, el uso desproporcionado de la fuerza pública y otros grupos armados.

Calificaron de importante la aprobación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, para garantizar la obligatoriedad de proteger y remediar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas afectadas por las actividades empresariales.

Los dirigentes indígenas, exigieron a los Estados la implementación de los principios rectores a través de medidas efectivas que obliguen a las empresas a respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que pasen de las declaraciones a la práctica. En la actualidad apuntan, casi nadie plantea, efectúa diagnósticos, ni reparación por daños.

En los tres días del Foro se escucharon testimonios de daños a la tierra, del bosque, del agua sobre todo de asesinatos.

Nadie debe tolerar una muerte más, reclamaron.

Mario Agreda-Iktomizi araña amarilla, censuró la doble moral del gobierno del Ecuador porque condonó la deuda a las empresas transnacionales que trajo como consecuencia “la muerte de hermanas y hermanos” y nombra como culpables a Movistar, Repsol, Coca Cola entre otros a quienes se les perdonó 4,500 millones de dólares.

De manera paralela indica Agreda, líder de la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios (CAPAJ), el presidente de Ecuador Lenin Moreno solicitó un préstamo por 4,500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las representaciones indígenas en este Foro de Empresas y Derechos Humanos en la ONU consideran que es fundamental que los países y negociadores no solo escuchen las voces, sino que actúen dando soluciones.

Ello porque los megaproyectos de envergadura dentro de los territorios indígenas no pueden darse de manera impune, anteponiendo el capital sobre la naturaleza y las sociedades, sin tomar en cuenta la diferencia entre la ecología del bien común de los pueblos y la dirigida por los intereses de las transnacionales.

El desarrollo sostenible no existe si no hay respeto a los derechos humanos, enfatiza el ecuatoriano Mario Agreda y anota el desangramiento del Amazonas de la mano del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien fomenta la cría de vacunos y soya para beneficio de las transnacionales, Burger King, KFC o Mac Donald’s sin dejar la producción de soya para occidente y China.

Los casos expuestos de Brasil, Ecuador, Colombia no son únicos, también circularon reportes de afectaciones en pueblos indígenas de México, Guatemala, Honduras, Chile y Bolivia.

En el caso mexicano, sobre eólicas, Tren Maya, lo mismo del Canal Interoceánico de la actual administración.

En su evaluación el Caucus Indígena, a ocho años de las reuniones en Ginebra sobre Empresas y Derechos Humanos, indicó que el progreso, los compromisos y las demandas hechas son mínimas y recalcaron “que lejos de respetar nuestros derechos como pueblos indígenas, estos continúan siendo violados sistemáticamente, tanto por los Estados como por la mayoría de las empresas que están desarrollando o quieren desarrollar proyectos en territorios indígenas”.

“Estamos aquí, dijeron, para lograr un progreso, como contraparte ante los Estados y ante el sector empresarial, y hacer visibles las razones por las cuales los pueblos indígenas defendemos nuestros territorios y estas razones se concentran en el derecho a vivir en dignidad y que nuestros hijos y nietos tengan un territorio en el cual desarrollarse como lo hemos tenido, es por eso que defendemos y preservamos nuestros territorios como nuestros antepasados para dejar un territorio donde puedan vivir con dignidad y libertad”.

En voz de la hondureña Donatila Girón, presidenta del Caucus, transmitieron su sentir a los asistentes a la 8ª Sesión del Foro y apuntaron no oponerse al desarrollo que viene con los parámetros estatales, “siempre que no sea a expensas del exterminio de nuestra cultura, que es nuestra única forma de vida digna”.

Durante su posicionamiento dejaron claro su exigencia al respeto de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, e insistieron en su reclamación a los Estados que no han cumplido el papel de garantes de sus derechos.

En cuando a la consulta indígena estipulada en el Convenio 169 de la OIT dicen que ésta no se ha aplicado y, en algunos casos, se ha aplicado de manera negativa, debido a la ignorancia o de mala fe.

De igual forma expresan que los Estados, tienen la obligación de cumplir y hacer que las empresas hagan lo mismo con los Principios Rectores, porque se les ha permitido exploraciones y concesiones sin tener en cuenta el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y las transferencias forzadas se han llevado a cabo con engaño y aprovechando la ignorancia de las comunidades que ha resultado en empobrecimiento, pérdida cultural, afecto social, daño espiritual que calificamos como etnocidio, genocidio y ecocidio.

Donatila Girón demandó el fin de la violencia perpetrada contra los defensores territoriales, tanto hombres como mujeres, y contra otros, como comunicadores, periodistas y portavoces indígenas, algunos de ellos asesinados.

Aquí pusieron énfasis en su oposición a que la “defensa territorial sea tratada como un acto terrorista o una amenaza pública, ya que es la única forma que tenemos hoy para defendernos contra políticas que no respetan nuestros derechos”.

El Estado, señalan, tiene el “deber moral de hacer que la información sea transparente, garantizar y permitir una divulgación veraz a través de los medios de comunicación a los que los pueblos indígenas tienen acceso”.