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Hidalgo,
cuna de la transparencia
(César Cruz, Diario Plaza Juárez,
03/03/2007)
Las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública de la Cámara
de Diputados aprobaron, en el transcurso de la presente semana, reformas
al artículo sexto de nuestra Carta Magna, en materia de transparencia,
rendición de cuentas y acceso a la información pública. La finalidad de
la reforma es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los
tres niveles de gobierno, estén obligados a la rendición de cuentas.
En ese sentido, la
reforma establece que toda la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público. En la interpretación de este derecho, establece el documento
aprobado, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. No
obstante, en lo que se refiere a la vida privada y los datos personales,
la reforma indica que la información sólo podrá ser divulgada cuando
exista interés público que así lo justifique.
De aprobarse, el
proyecto de decreto obligará a las entidades federativas a legislar o
realizar las modificaciones necesarias en materia de acceso a la
información pública y transparencia, estableciendo al efecto el plazo de
un año. Por otro lado, serán leyes particulares las que determinarán la
manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o
morales, como es el caso de los sindicatos, los partidos políticos o las
organizaciones no gubernamentales.
Esta reforma,
planteada hasta aquí de manera sucinta, pone el dedo en la llaga de uno
de los grandes problemas nacionales: la corrupción inherente a la
opacidad con que se manejan los recursos públicos asignados a la
Federación, los estados y los municipios. Opacidad que, como ahora se
reconoce, limita las posibilidades del desarrollo nacional al expresarse
como una constante fuga de recursos.
En el estado de
Hidalgo esta opacidad se manifiesta de diversas maneras. Podemos
mencionar, por ejemplo, el lamentable caso de los presuntos aviadores en
la Secretaría de Educación Pública de la entidad o en el ayuntamiento de
Pachuca. También puede hablarse de la falta de claridad en el origen de
la deuda pública, que prácticamente ahoga las finanzas del gobierno
estatal. O podemos preguntarnos a dónde han ido a parar los recursos
asignados a la aún inconclusa carretera Pachuca-Tulancingo.
Durante los últimos
años el tema de la transparencia ha sido parte importante del discurso
público. El tema proviene de las recomendaciones del Banco Mundial para
países como el nuestro, a fin de lograr la confianza de los
inversionistas de otros países. Así, podemos verle como un traje de moda
que en México pocos quieren ceñirse, pues les resta libertad para nadar
a placer en el caudal público.
En nuestro estado,
sin embargo, la transparencia no es algo nuevo y no requirió la
existencia de una ley especial. Se trató simplemente de una cuestión de
voluntad política y de un ejemplo de honestidad en el ejercicio del
poder público.
Corría la segunda
mitad de la década de los setenta. Por su excepcionalidad, el hecho fue
reseñado en una revista de amplia circulación. Me refiero a la gestión
como presidente municipal de Tulancingo del Dr. Jorge Berganza de la
Torre, quien diariamente hizo público un informe de la tesorería sobre
el destino de los recursos a su cargo.
Así se gestó el
primer ejercicio de transparencia en nuestro país. Lamentablemente no
fue declarado deporte nacional como la charrería, y aún no es un deporte
de masas como el fútbol.
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