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El Comité científico
del Seminario “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y
políticas públicas”, celebrado en la Ciudad de México los
días 19 y 20 de enero de 2009, conformado por integrantes de
instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos
públicos nacionales e internacionales, reunidos en El Colegio de
México con el propósito de analizar la situación y cambios que están
viviendo las familias, en un contexto plural, tolerante y
respetuoso, declaramos que:
1.
Coincidimos en la preocupación que diversos actores sociales en
nuestro país y en el mundo manifiestan en relación a las
problemáticas que aquejan a las familias y a sus integrantes y en la
necesidad de diseñar e instrumentar políticas y programas públicos
dirigidos a las familias, consideradas como grupo primario de
convivencia, seguridad, protección y afecto de los seres humanos.
Los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social crean
expectativas muchas veces injustas e inalcanzables que propician
inequidades, frustración, falta de libertad, en particular de las
mujeres, la juventud y la infancia, y violencia familiar y social.
En este contexto reconocemos la necesidad de encontrar puntos de
confluencia entre todos los actores sociales, económicos y políticos
del país que nos permitan sumar esfuerzos y recursos que favorezcan
la protección social de las familias y de todos sus integrantes.
2.
A
partir de los estudios y diagnósticos recientes acerca de la
realidad de las familias mexicanas, reconocemos su diversidad en
términos sociodemográficos, económicos, culturales y religiosos, así
como los retos que enfrentan en un contexto de crisis económica y de
violencia generalizada. Consideramos necesario comunicar a la
opinión pública y al Estado mexicano en sus distintos niveles
nuestras preocupaciones, propuestas y demandas en beneficio de las
familias y del fortalecimiento de la vida democrática, en el marco
del Estado laico como principio de convivencia en la diversidad y
como ámbito que permite la pluralidad y el respeto a los derechos
humanos de todas las personas.
FAMILIAS Y CAMBIOS
SOCIODEMOGRÁFICOS
3.
Lejos de una supuesta
existencia natural, las familias son producto de la evolución
histórica y cultural de las distintas sociedades. Las
transformaciones de la sociedad mexicana exigen del Estado mexicano
el reconocimiento y atención
a los fenómenos emergentes que han generado transformaciones en las
personas y en las familias, como son los avances tecnológicos, las
migraciones, la reducción de la fecundidad, la ampliación de la
esperanza de vida, el envejecimiento poblacional, los cambios en el
mundo del trabajo, las crisis de crecimiento, empleo e ingresos, la
incertidumbre social, entre otras.
4.
Las políticas
públicas deben partir de diagnósticos
actualizados que recojan los hallazgos científicos más
recientes sobre la diversidad y
complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares y
reconocer las nuevas problemáticas que afectan a las familias.
POBREZA, FAMILIA Y TRABAJO
5.
Las políticas económicas de las últimas décadas, en particular el
lento crecimiento y la baja generación de empleos, más la contención
salarial y la vulneración sistemática de los derechos laborales, han
provocado un deterioro en la calidad de vida de las familias y una
creciente inseguridad económica y social que tensiona las relaciones
familiares, propicia las migraciones y aumenta la violencia en sus
diversas manifestaciones. Estas condiciones han incidido en la
transformación de la organización, dinámica, ciclo y composición de
las familias.
6.
A
la vez, el adelgazamiento de los programas sociales de amplia
cobertura, la privatización y la pérdida de calidad de los servicios
estatales, han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera
pública a las familias y las personas, afectando de manera
particular a mujeres y jóvenes.
7.
Muchas familias
mexicanas, especialmente las más pobres, enfrentan necesidades
económicas y sociales verdaderamente apremiantes. En este contexto,
muchas mujeres se ven obligadas a buscar una ocupación remunerada
sin dejar de realizar las tareas domésticas y de cuidado de sus
hijos e hijas y de las personas adultas mayores. Urge reconocer esta
sobrecarga de trabajo y
definir el cuidado y la protección intergeneracional como un asunto
de interés público y objeto de políticas de Estado. Es preciso
promover un reparto más equitativo de las responsabilidades entre
los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no
rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.
8.
Exigimos un
nuevo pacto social entre Estado,
empresas y familias, con una concepción amplia de las familias, que
sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva
conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico
y de cuidado, y la provisión de servicios públicos.
VIOLENCIA Y
FAMILIAS
9.
Uno de los desafíos para todos los actores sociales, económicos,
políticos y religiosos es la eliminación de cualquier forma de
violencia hacia los integrantes de las familias, cualquiera que sea
su arreglo de convivencia.
10.
La
violencia física, emocional, sexual y económica en las familias
afecta a todos sus integrantes, en especial a las mujeres; casi la
mitad de ellas han sufrido algún incidente de violencia a lo largo
de su última relación conyugal. Al mismo tiempo, la violencia que se
ejerce sobre las niñas y los niños, sigue siendo una práctica
ampliamente difundida y tolerada en México, lo que es urgente
revertir.
11.
El gobierno
mexicano ha reconocido la importancia del problema de la violencia
de género y ha firmado y ratificado todos los instrumentos
internacionales sobre la materia. A pesar de los avances
legislativos, normativos e institucionales en el ámbito federal,
urge una política integral que dé una respuesta efectiva en cuanto a
programas para la prevención, detección, atención y sanción de las
diferentes formas de violencia de género y familiar.
FAMILIAS Y DERECHO EN EL NUEVO
SIGLO
12.
Es
prioritario impulsar un nuevo Derecho de las Familias que reconozca
los diversos arreglos familiares más allá de la consanguinidad, que
preserve los derechos y la dignidad de cada uno de sus integrantes y
que promueva relaciones equitativas y justas.
13.
Es
preciso actualizar la legislación y promover reformas
institucionales para adecuar las normas relativas a la identidad,
estado civil, arreglos familiares, formas de convivencia,
matrimonio, adopción, reproducción, sexualidad, divorcio, herencia,
cuidado, muerte digna y derechos de los integrantes de las diversas
estructuras familiares, de cara a los cambios sociodemográficos,
culturales, científicos y tecnológicos para garantizar la libertad
de elección y de conciencia y el pleno respeto a los derechos
humanos.
14.
Asimismo, se requieren instrumentos y políticas públicas que
favorezcan la convivencia democrática en las familias y que impidan
que las violaciones a los derechos de las personas, cometidas dentro
o fuera del ámbito familiar, por parte de individuos o de instancias
gubernamentales o sus agentes, queden en la impunidad.
ÉTICA Y VALORES
15.
Reconocemos la creciente diversidad religiosa y de creencias en las
familias y la necesidad de que las distintas tradiciones filosóficas
atiendan las nuevas problemáticas que aquejan a las comunidades
familiares, para ofrecer respuestas nuevas a realidades nuevas.
16.
Las familias son vitales en la existencia, convivencia y vida
espiritual de los seres humanos. Consideramos que lo esencial son
los vínculos y el tipo de relaciones
que se tejen en ellas, y los
valores para la vida democrática y ciudadana:
libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia. Debe
respetarse la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios,
independientemente de que la familia esté constituida por padres o
madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o
bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o
integrada por diversas generaciones.
17.
El
Estado debe crear un marco propicio para que las familias puedan
informar a hijos e hijas sobre la
dignidad y respeto del cuerpo y de los deseos propios y ajenos y
favorecer una expresión libre, responsable y placentera de la
sexualidad, sin discriminación entre hijos e hijas, cualquiera que
sea su orientación sexual, y con apego a los derechos
humanos.
18.
En
este mismo sentido, el Estado debe garantizar el acceso a una
educación pública y gratuita de calidad, apegada a los principios
del laicismo, como base para la formación de una ciudadanía
democrática, plural y tolerante.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y FAMILIAS
19.
Es
obligación del Estado mexicano garantizar que las familias, en cada
momento de su ciclo de vida, cuenten con condiciones para
desarrollarse con seguridad económica, certeza jurídica, equidad,
aceptación social y libertad.
20.
Para construir un verdadero Estado de Derecho, una vida democrática
con justicia social y pleno ejercicio de los derechos humanos de
todos y todas, es urgente crear las bases de un nuevo pacto social
que surja de un diálogo amplio, incluyente, constructivo y
respetuoso. Este pacto habrá de reconocer la heterogeneidad que
caracteriza hoy a la sociedad mexicana y a las familias, e impulsar
el desarrollo de las instituciones, la legislación, la procuración
de justicia, las políticas públicas y los acuerdos sociales, para
implementar sistemas de protección social hacia las familias y sus
integrantes.
21.
Demandamos que el Estado en todos sus niveles asuma su
responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan
la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia
y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas. El
Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha
de rendir cuentas y no clientela política.
22.
Exigimos el respeto al principio de laicidad del Estado. Refrendarlo
como base de las instituciones y de las políticas públicas en México
es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa,
ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la
pluralidad.
Ciudad de México,
enero de 2009
COMITÉ CIENTÍFICO DEL
SEMINARIO “FAMILIAS EN EL SIGLO XXI; REALIDADES DIVERSAS Y POLITÍCAS
PÚBLICAS”
Susana Lerner, Centro
de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales /COLMEX; María
Consuelo Mejía, Católicas por el Derecho a Decidir; José Ángel
Aguilar Gil, Red Democracia y Sexualidad/DEMYSEX, A.C.; Rosa María
Camarena, Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM; Carlos Echarri,
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales /COLMEX;
Brígida García, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales/COLMEX; Soledad González, Centro de Estudios
Sociológicos-Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
/COLMEX; Clara Jusidman, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social
/INCIDE Social, A.C.; Lucía Melgar, Programa Universitario de
Estudios de Género/UNAM; Guadalupe Ordaz, Iniciativa Ciudadana y
Desarrollo Social/INCIDE Social, A.C.; y Gabriela Rodríguez,
AFLUENTES, S. C.
Se reciben adhesiones personales o
institucionales a este documento hasta el 30 de enero de 2009 en:
seminariofamilias@gmail.com o
seminariofamilias@colmex.mx.
Incluir su nombre completo,
institución, Estado de la República Mexicana o país (datos que serán
anónimos pero pueden ser necesarios, de ser el caso, para comprobar
las adhesiones). |
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